El diario El País publicaba esta semana que la proliferación de normas medioambientales está dificultando enormemente el cumplimiento legal de las empresas. Si hace 20 años había 72 leyes al respecto y en la actualidad se cuentan 1.500, tener la certeza de que la organización da estricto cumplimiento a cada una de las normativas en Medio Ambiente que se han aprobado a nivel Europeo, Estatal, Autonómico y Municipal.
Las pueden afectar a procesos, producción, producto, equipos e instalaciones, uso del suelo, y un sin fin de cuestiones más que añaden una complicación extrema a la labor de Officer Compliance o del responsable del departamento de Medio Ambiente, en el caso de que la empresa no disponga de la figura anterior.
Según explicaba la noticia de El País, «Una encuesta realizada a 3.500 abogados de empresa europeos revela que el 50% prevé que tendrán problemas regulatorios en esta materia en los próximos años, y tan solo el 15% afirma estar bien preparado para las exigencias medioambientales».
Multitud de fuentes normativas
El hecho de que las fuentes que publican la normativa sea tan diversa, hace que dentro de una misma organización, si ésta tiene diversos centros de trabajo, lo que en una comunidad autónoma pueda validado, en otra pueda no ser correcto. El grado de inseguridad jurídica es muy importante.
El coste de dar cumplimiento a estas normativas, que pueden interferir incluso en los procesos de producción, se ha visto elevado notablemente en los últimos años. Pero lo cierto es que, no dar cumplimiento a determinadas normas medioambientales puede suponer un coste aún mayor, no sólo para las propias empresas, si no para la propia cadena de mando, ya que en función de la infracción, las empresas pueden incurrir en responsabilidad criminal.
Aumento de costes
Esto implica, por tanto, que las empresas deban contemplar riesgos económicos, penales y también reputacionales, mucho más difíciles de cuantificar, pero que pueden derrumbar empresas.
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