La Ley 31/1995 establece las normas de seguridad y salud laboral que deben cumplir todas las empresas. A pesar de esto, la falta de cumplimiento de las normas de seguridad y salud laboral puede ser causa de accidentes laborales y problemas de salud, lo que resulta en sanciones y penas. A continuación, examinamos la jurisprudencia de los últimos 5 años en España en lo que se refiere a la Coordinación de Actividades Empresariales y los incumplimientos en Prevención de Riesgos Laborales.
¿Qué normativa regula la Coordinación de Actividades Empresariales en España?
En España, la Coordinación de Actividades Empresariales (CAE) está regulada por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como por su normativa de desarrollo, incluyendo el Real Decreto 171/2004, que desarrolla el artículo 24 de la Ley en cuanto a la coordinación de actividades empresariales. Además, la Orden Ministerial ESS/484/2013 establece disposiciones para la aplicación y desarrollo de este Real Decreto.
Igualmente, también existen otras normativas específicas en determinados sectores que regulan la coordinación de actividades empresariales.
A continuación indicamos las principales:
- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en materia de coordinación de actividades empresariales.
- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en materia de coordinación de actividades empresariales.
- Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en la utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual.
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres tiene una disposición adicional específica en materia de coordinación de actividades empresariales (DA 13ª).
- El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, cuenta con una disposición adicional (Disposición adicional 10ª) y una disposición transitoria (Disposición adicional 11ª) que establecen medidas generales en materia de coordinación de actividades empresariales.
- El Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras, cuenta con una disposición específica (art. 3.3).
- El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- El Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
- El Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.
- El Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.
- La Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías.
¿Qué implica la responsabilidad empresarial en el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales?
La responsabilidad empresarial en el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales es crucial para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo.
Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los administradores, técnicos de Prevención de Riesgos Laborales y trabajadores tienen responsabilidades legales específicas en materia de prevención de riesgos laborales y de CAE para los empresarios concurrentes.
Tanto el empresario titular del centro de trabajo, como la empresa principal y las empresas contratistas que desarrollen actividades concurrentes deben cumplir con exigencias legales.
Entre sus obligaciones se encuentran:
- La identificación y evaluación de los riesgos laborales en los lugares de trabajo.
- La planificación y organización de las medidas y las actividades preventivas necesarias.
- La información y formación de los trabajadores involucrados en las actividades.
- El establecimiento de los procedimientos y del plan de prevención necesarios para garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores de las empresas concurrentes que intervienen en la actividad.
- El control de la efectividad de las medidas preventivas.
- La comunicación fluida y efectiva entre todos los implicados en la coordinación de las actividades empresariales.
- La disponibilidad y vigilancia del uso adecuado de los medios y equipos de protección suministrados.
- La designación de las personas encargadas de velar por la seguridad en entornos concurrentes de trabajo.
Sentencias por incumplimientos en coordinación de actividades empresariales
En la jurisprudencia española, se han dictado sentencias que han sancionado y penalizado a empresas por incumplimientos en la coordinación de actividades empresariales y en la Prevención de Riesgos Laborales.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 26 de julio de 2018
Sancionó a una empresa por no cumplir con las normas de coordinación de actividades empresariales y por no garantizar la seguridad de los trabajadores.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 9 de enero de 2018
En este caso, se sancionó a una empresa por no garantizar la seguridad de los trabajadores en el desempeño de sus funciones.
La sentencia señaló que la empresa no había adoptado las medidas necesarias para evitar el riesgo de caídas en altura y de golpes, lo que resultó en un accidente laboral con lesiones graves para el trabajador afectado.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 19 de septiembre de 2019
Sancionó a una empresa por no cumplir adecuadamente con las normas de coordinación de actividades empresariales. En este caso, la empresa no había garantizado la seguridad de los trabajadores contratistas que realizaban trabajos en su centro de trabajo.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 26 de junio de 2017
Además de las sanciones económicas, también se pueden imponer penas de prisión en caso de que se produzcan lesiones graves o muertes debido a incumplimientos en Prevención de Riesgos Laborales. Un ejemplo es esta sentencia, que condenó a una empresa y a su gerente a una pena de prisión por un accidente laboral en el que falleció un trabajador.
En conclusión, la coordinación de actividades empresariales y la Prevención de Riesgos Laborales son aspectos esenciales en el entorno laboral. La jurisprudencia española de los últimos 5 años ha demostrado que no cumplir adecuadamente con estas normas puede acarrear sanciones económicas y penas de prisión.
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